Vínculos UE-MERCOSUR: entre la centralidad de la transición energética y las consideraciones geoestratégicas

Habiendo transcurrido el primer cuarto del siglo XXI, el sistema internacional atraviesa una etapa convulsa, signada por la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, así como crecientes tensiones entre diferentes actores, donde confluyen crisis económicas, energéticas, ambientales y geopolíticas. Para caracterizar el momento surgen apelativos que subrayan por un lado los retos específicos del período, a la vez que se alude a rasgos coincidentes con otras etapas históricas. Se retoman así conceptos como ‘policrisis’ - introducido por Edgar Morin en 1993. También el término ‘permacrisis’, que se convierte en la palabra del año 2022 del Diccionario Collins, hace referencia a una situación de crisis permanente, en la que los problemas sociales, económicos, políticos y medioambientales se agravan y se retroalimentan, generando un escenario de incertidumbre y riesgo. Conceptualizaciones como las de ‘interregno’ -recuperada por José Antonio Sanahuja (2020)- abordan retos del presente aludiendo a otras etapas históricas y subrayan la inestabilidad sistémica y la erosión de los consensos vigentes en décadas anteriores. Asimismo, el recrudecimiento de los conflictos - particularmente en Ucrania y Gaza-, con la fuerte reintroducción de la geopolítica y la geoeconomía - incluida la ‘militarización’ (weaponization) del comercio- determinan la emergencia de nociones como ‘Síndrome 1933’, acuñado por Siegmund Ginzberg (2024). 

Este panorama es indicativo no sólo de una acumulación de crisis, sino más bien sugiere un cambio de época, donde se redefinen los márgenes de acción de los Estados y las organizaciones regionales, lo que afecta las posibilidades de la gobernanza multinivel de diferentes áreas.

En este contexto, la transición energética deviene en un eje articulador entre economía, geopolítica y sostenibilidad ambiental: las dinámicas esbozadas anteriormente repercuten en el issue medular de la energía, imponiendo desafíos específicos de concertación y articulación para enfrentar la crisis climática, afectando las posibilidades de impulsar respuestas efectivas. En términos de compromisos, el G-20 acordó en India en septiembre del 2023 triplicar la potencia mundial de energías renovables hasta el 2030, pasando de más de 3.500 gigawatios (GW) instalados actualmente a unos 11.000 GW, para mantener la meta de limitar a 1,5 grados el calentamiento global, según el Acuerdo de París. No obstante, no se trata únicamente de sustituir fuentes fósiles por energías limpias, sino de un proceso que reconfigura las relaciones de poder y las cadenas globales de valor.

Para la Unión Europea (UE), la transición energética cumple una doble función: constituye una meta interna de descarbonización y representa a la vez un instrumento de política exterior. En especial tras la invasión de Rusia a Ucrania puede percibirse una reorientación de la diplomacia europea comunitaria y sus políticas energéticas y climáticas, desde un enfoque de corte normativo-axiológico hacia otro más fuertemente permeado por cuestiones de seguridad.

Por su parte, para América Latina y el Caribe (ALC), un aspecto central de sus vínculos con Europa estuvo dado históricamente por el hecho de que la UE presentara a la región una agenda relativamente más diversa en comparación con la de otros actores externos. En el marco de los nuevos acuerdos de asociación la transición verde es un tema destacado. 

En ALC la polarización político-ideológica ha marcado fuertemente las últimas décadas. Se suman las crisis económicas que golpearon en forma sucesiva a la región, su vulnerabilidad frente a los impactos externos, su dependencia de la exportación de materias primas y la presión sobre los recursos naturales, dentro de un panorama actual de ‘regionalismo líquido’ que han caracterizado Karina Pasquariello, Regiane Bressan y Bruno Theodoro Luciano (2023). 

Con ese trasfondo, pese a las dificultades para establecer estándares comunes y políticas homogéneas dadas las diferencias entre sus miembros (tamaño, población, peso económico y niveles de desarrollo), el MERCOSUR constituye una organización con un grado significativo de consolidación. La evolución del bloque permite visualizar un zigzagueante proceso de desarrollo institucional-normativo que buscó promover las energías ‘limpias’. Acuerdos a nivel del MERCOSUR podrían ser relevantes para establecer lineamientos compartidos y esquemas de gobernanza, que pudieran derivar eventualmente en una comunidad energética. A la vez, el bloque también aparece como un socio relevante para la UE por su dotación de recursos naturales, incluidos algunos minerales críticos para la transición energética. 

Actualmente dicha transición evoluciona hacia la descarbonización de los sectores donde resulta difícil la reducción o ‘abatimiento’ de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como es el caso del transporte. Así ha ido ganando importancia la discusión de la economía del hidrógeno, con los desafíos propios de las formas que adopta su promoción en los países del Sur Global. En paralelo a iniciativas de cooperación como el Pacto Verde Europeo y la Global Gateway de la UE, también emergen enfoques críticos a un enfoque de desarrollismo que podría conllevar riesgos de financiarización, dependencia tecnológica y limitada captura de beneficios para los países del Sur Global. 

Propuestas como la iniciativa Global Gateway inciden en el surgimiento de proyectos de inversiones que tienen entre sus prioridades por ejemplo la producción de hidrógeno verde y metanol, generando impactos sobre la acción y política exterior de los países integrantes del MERCOSUR, con implicancias para el desarrollo de sus territorios. 

Las relaciones UE-MERCOSUR con la perspectiva de la concreción del acuerdo marco de asociación y libre comercio detentan potencial para generar un espacio común de diálogo de políticas, de convergencia regulatoria y de transformación productiva: en vinculación fluida con iniciativas como la Global Gateway, podría profundizarse la capacidad de concertación regional e interregional, aportando al cumplimiento de objetivos globales de descarbonización. En el marco de la transición verde se abren oportunidades para la creación de cadenas de valor regionales y nacionales, con repercusiones en materia de innovación, desarrollo local, empleo de calidad y exportación de productos como el hidrógeno verde y derivados. Aunque existen riesgos de exacerbación de competencia entre los países del bloque sudamericano, también se abre espacio para convergencias regulatorias en torno de certificaciones como las de CertHILAC, una iniciativa de la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) que apunta a la homologación de certificaciones de producción de hidrógeno ‘limpio’ que abarca a ALC, con la excepción de Brasil.

Actualmente la relación UE-MERCOSUR se encuentra en un punto de inflexión: Europa busca socios confiables para su transición verde y América Latina debiera reposicionarse contando con sus recursos naturales y activos energéticos. Ambos socios deberían valorizar la oportunidad para una apuesta birregional que procure superar patrones de relacionamiento asimétricos, promoviendo una asociación fundada en vínculos de reciprocidad.

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Amalia Stuhldreher es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Mainz. Es Profesora Agregada con dedicación total en el Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS) de la Universidad de la República (UDELAR) en Tacuarembó, y miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de Uruguay. Su trabajo, basado en la gobernanza multinivel, analiza la integración latinoamericana y temas globales como el cambio climático, las energías renovables y la bioeconomía, centrándose en sus implicaciones para el desarrollo territorial sostenible.

Las opiniones expresadas en este blog son exclusivamente del autor y no reflejan las opiniones de la Red EULAS.