De Bruselas a Santa Marta, aval estrecho, alcance más amplio: compromisos CELAC–UE en un panorama global incierto

Tras dos años desde su último encuentro, la IV Cumbre CELAC-UE tuvo lugar en Santa Marta, Colombia, los días 9 y 10 de noviembre de 2025. Aunque la cumbre no cumplió con las expectativas iniciales —particularmente en comparación con la edición de 2023 en Bruselas—, marcó una serie de avances en varios aspectos de la alianza CELAC–UE que merecen un análisis más detallado.

Contexto de la cumbre y desafíos políticos

En los días posteriores al encuentro, la mayoría de los comunicados de prensa destacaron la baja asistencia de líderes de ambos lados, en contraste con la Cumbre de 2023 en Bruselas. Del lado de la CELAC, fueron especialmente notorias las ausencias de los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay —Javier Milei, Gabriel Boric, Daniel Noboa, Santiago Peña y Yamandú Orsi—, quienes estuvieron presentes en la investidura presidencial del boliviano Rodrigo Paz un día antes de la cumbre. Estas ausencias contribuyeron a la impresión de que el compromiso con la reunión no era sólido, lo que generó una actitud cautelosa hacia la participación.

Algunos líderes europeos mencionaron, de hecho, la baja asistencia de sus homólogos de la CELAC como justificación para no acudir. La retirada de última hora de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la decisión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del canciller de Alemania, Friedrich Merz, de no asistir alimentaron la percepción de que la cumbre no había alcanzado las expectativas iniciales.

No obstante, la cumbre contó con la participación de figuras clave de ambos lados, incluyendo a Lula da Silva, presidente de Brasil; Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores; António Costa, presidente del Consejo Europeo; Dick Schoof, primer ministro de los Países Bajos; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; y Luís Montenegro, primer ministro de Portugal; entre otros. Además, como enfatizó el embajador de la UE en Colombia, François Roudié, aunque la presidenta von der Leyen canceló su participación, otros representantes de alto nivel —como las comisarias Teresa Ribera, Hadja Lahbib y Magnus Brunner, quienes no estaban inicialmente previstas— participaron, lo que contribuyó a reforzar el compromiso de la Unión Europea con la cumbre.

A pesar de las justificaciones formales, la disminución en la asistencia no puede entenderse sin hacer referencia directa al contexto geopolítico en el que se desarrolló la cumbre, en particular el impacto de la política exterior de Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Para comenzar, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha sacudido significativamente el panorama político en América Latina y el Caribe. Su administración ha adoptado una política exterior agresiva hacia la región, exacerbando aún más las divisiones internas entre los países latinoamericanos y caribeños. En lo que muchos observadores describen como una reafirmación de la Doctrina Monroe, Estados Unidos busca restablecer el control político sobre la región para disipar la influencia china. Esta estrategia ha incluido no solo una creciente presencia y acción militar —como se evidencia con los bombardeos en curso en el Caribe— sino también intervenciones políticas directas para alinear la política regional más estrechamente con los intereses estadounidenses. Algunas de las decisiones más polémicas de Trump —incluyendo sanciones por presunto narcotráfico contra Gustavo Petro, la imposición de aranceles unilaterales del 50% sobre exportaciones brasileñas durante el gobierno de Lula o el inédito rescate financiero otorgado a la Argentina de Milei— deben interpretarse como manifestaciones de un enfoque de suma cero en el compromiso regional: quienes se alinean con Washington reciben beneficios, mientras que los demás enfrentan presiones crecientes.

Estos acontecimientos han profundizado aún más las divisiones dentro de la ya frágil política de integración en América Latina y el Caribe. Para algunos líderes alineados con Estados Unidos, participar en la cumbre implicaba el riesgo de ser interpretado como un respaldo a una visión regional asociada con gobiernos de izquierda y discursos antiestadounidenses —una impresión posiblemente reforzada por la retórica de Gustavo Petro, actual presidente pro tempore de la CELAC y responsable de organizar la cumbre.

Al otro lado del Atlántico, el segundo mandato de Trump vino acompañado de una revisión profunda de los términos que rigen la relación EEUU–UE, en gran medida en respuesta a marcos regulatorios europeos percibidos como perjudiciales para la competitividad de las empresas estadounidenses. Esto implicó una reformulación de acuerdos bilaterales de larga data en ámbitos clave —incluyendo seguridad, comercio, tecnología y política exterior—. La crisis resultante ha generado incertidumbre y confusión entre los líderes europeos, llevándolos a evitar confrontaciones abiertas con Estados Unidos por temor a represalias arbitrarias. Su aproximación a América Latina y el Caribe no es ajena a este clima más amplio de hesitación y cautela estratégica.

Sin embargo, el éxito de la cumbre no debe medirse únicamente en función del nivel de participantes. El hecho de que la cumbre haya tenido lugar en un contexto político tan turbulento es un signo de la resiliencia de la asociación birregional. Además, el contenido de la declaración final ofrece bases para perspectivas constructivas, delineando una hoja de ruta prometedora para la cooperación en los próximos dos años y reafirmando el compromiso de volver a reunirse en Bruselas en 2027.

Resultados de la Cumbre: fragmentación, avances y fuentes de optimismo

La Cumbre CELAC–UE de 2025 celebrada en Santa Marta representa una evolución en la agenda birregional. Mientras que la Cumbre de Bruselas de 2023 reactivó el diálogo político tras ocho años de parálisis, la Declaración de Santa Marta aportó un mayor alcance y ambición —aunque en medio de crecientes divergencias políticas dentro de la CELAC—. A continuación, presentamos siete puntos de análisis sobre los aspectos clave de los resultados de la cumbre, incluyendo el contenido de la declaración, el Pacto sobre los Cuidados y la Alianza UE–ALC para la Seguridad Ciudadana, así como el Foro de Sociedad Civil y el Foro Empresarial. Al final, también ofrecemos un cuadro comparativo entre las declaraciones de 2023 y 2025.

1. De la reconexión al posicionamiento político

La Declaración de Bruselas de 2023 se centró en “relanzar” las relaciones, mientras que la de Santa Marta refleja un giro claro hacia la mejora del alineamiento geopolítico. El tono es más decididamente político, ubicando la relación birregional en el contexto de un sistema internacional bajo tensión. Ambas partes reafirmaron la “importancia estratégica” de su asociación—no solo como un asunto de interés mutuo, sino como un resguardo frente al unilateralismo, la fragmentación de la gobernanza multilateral y en defensa de un orden internacional basado en reglas.

2. Agenda ampliada, silencios estratégicos

En términos sustantivos, la Declaración de 2025 es más amplia que la de 2023. Introduce nuevos ámbitos como inteligencia artificial, sistemas de cuidados, desinformación y gobernanza digital. También confirma y amplía compromisos previos con mayor especificidad operativa (por ejemplo, sobre transición energética y conectividad, y seguridad alimentaria). Sin embargo, esta ampliación coexiste con silencios notables. La omisión de referencias históricas a la esclavitud y las reparaciones (presentes en 2023) refleja un equilibrio diplomático, probablemente conforme a las preferencias europeas. Asimismo, la ausencia del acuerdo Mercosur–UE sugiere que las divergencias internas del lado europeo siguen sin resolverse.

3. Crisis global, fragmentación y obstáculos al consenso

La Declaración de Santa Marta aborda un espectro más amplio de crisis globales que su predecesora de 2023. Mantiene referencias a Ucrania; introduce Gaza; amplía los contenidos sobre Haití con referencias operativas a los marcos del Consejo de Seguridad de la ONU; y alude —en términos deliberadamente vagos— a los bombardeos de Estados Unidos en 2025 contra presuntas operaciones de narcotráfico cerca de Colombia y Venezuela, refiriéndose a ellos únicamente como la “situación en el Caribe”.

Sin embargo, un grupo de Estados de la CELAC se desvinculó formalmente de estos párrafos específicos, incluidos los relacionados con regulación digital, género e incluso los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Venezuela se retiró por completo y Nicaragua no figura como firmante ni como país que se desvincula parcial o totalmente, pero envió una carta rechazando la declaración.

Este nivel de desalineación debilita la fuerza declarativa de la cumbre y subraya los crecientes desafíos del regionalismo basado en consensos dentro de la CELAC. Para la UE, esta fragmentación complica los esfuerzos por proyectar la asociación como un actor geopolítico unificado y acentúa aún más las asimetrías institucionales entre las dos regiones.

4. Convergencia normativa y anclaje jurídico

Uno de los avances más significativos reside en el fortalecimiento de una relación basada no solo en lazos históricos, sino en valores compartidos. Mientras que en 2023 se hablaba de “sociedades resilientes, inclusivas y democráticas”, el texto de 2025 vincula explícitamente estos principios con marcos jurídicos internacionales —citando la Carta de la ONU, las Convenciones de Viena y principios como la igualdad soberana de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza—. En una era de multilateralismo contestado, este anclaje jurídico refuerza la coherencia normativa de la asociación, aun cuando persistan divergencias en temas específicos.

5. Global Gateway

La Agenda de Inversiones Global Gateway —la estrategia principal de la UE para la cooperación al desarrollo— fue mencionada cuatro veces en la Declaración de Santa Marta (párrafos 29, 33, 35 y 43). Las áreas de cooperación identificadas en este marco incluyen comercio, transiciones verde y digital, desarrollo humano, resiliencia sanitaria y acceso a vacunas. Se mencionaron de forma destacada proyectos como la red de computación de alto rendimiento y la conectividad satelital del "último kilómetro". Es notable que tanto en el Foro de Sociedad Civil como en el Foro Empresarial, Global Gateway apareciera no solo en paneles sobre inversión, sino también en discusiones sobre respuesta a desastres naturales, gestión de crisis y ayuda humanitaria. Esto sugiere que la cooperación futura entre ambas regiones probablemente dependerá fuertemente de este marco impulsado por la UE.

6. Los cuidados y la seguridad ciudadana como nuevos campos de cooperación

Dos nuevos ámbitos birregionales de cooperación se adoptaron como resultados de la cumbre:

• El Pacto UE–ALC sobre los Cuidados, firmado por la UE y 16 miembros de la CELAC, incorpora el trabajo de cuidados a la agenda birregional. Aunque varias voces señalaron su limitada ambición respecto de las propuestas iniciales, el Pacto constituye una puerta institucional de entrada para la cooperación en torno a las desigualdades sociales de género y la crisis de los servicios de seguridad social en sociedades envejecidas.

• La Alianza UE–ALC para la Seguridad Ciudadana, respaldada por la UE y 18 Estados de la CELAC, ofrece una alternativa basada en la ley y los derechos humanos frente a los enfoques militarizados de la seguridad regional. Señala un interés compartido en mecanismos cooperativos de aplicación y podría influir en las futuras arquitecturas de seguridad.

  
  

7. Sociedad civil y brechas de representación

Institucionalmente, la cumbre de 2025 marcó la primera ocasión en que los actores de sociedad civil pudieron leer su declaración en la sesión de clausura —transmitiendo directamente su mensaje a los líderes de ambas regiones—. Sin embargo, la convocatoria al Foro de Sociedad Civil se realizó con muy poca antelación: la agenda se compartió a finales de septiembre y las organizaciones seleccionadas fueron notificadas en la segunda mitad de octubre —menos de un mes antes de la cumbre—. La asimetría en el acceso y la influencia sigue siendo un desafío estructural, especialmente para los grupos subrepresentados de Estados pequeños y vulnerables. En contraste con el Foro Empresarial ALC–UE, el Foro de Sociedad Civil atrajo a menos participantes de alto perfil, reforzando su posición periférica dentro de la arquitectura institucional más amplia de la cumbre.

Para concluir, aunque la Cumbre de Santa Marta no alcanzó el simbolismo político logrado en Bruselas en 2023, los resultados no representan un retroceso, sino más bien una recalibración compleja: menor aval político, pero mayor alcance y ambición operativa. Como destaca la Declaración de Santa Marta de 2025 en los párrafos 3 y 52, las reuniones ministeriales y el mecanismo de coordinación consultiva CELAC–UE serán importantes para garantizar la continuidad y el seguimiento de la hoja de ruta para los próximos dos años. Aunque la Hoja de Ruta 2025–2027 aún no ha sido publicada, ambas regiones ya se han comprometido a celebrar la próxima cumbre en Bruselas dentro de dos años; un avance que señala un interés compartido en mantener el impulso de la asociación CELAC–UE.

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las declaraciones de las cumbres CELAC–UE de 2023 y 2025 para apoyar análisis posteriores:

Comparative table of the 2023 and 2025 CELAC–EU Summit declarations .pdf

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Ana Obando es investigadora de doctorado en Derecho Internacional en el Leuven Centre for Global Governance Studies (KU Leuven - Bélgica). Realiza su investigación con el apoyo de una beca MSCA como parte del proyecto “Understanding Latin American Challenges in the 21st Century / LAC-EU”. Sus áreas de interés son el Derecho Internacional del Comercio, el Derecho Laboral y las relaciones LAC-UE. Es abogada con un énfasis en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes (Colombia) y posee un LLM y un Máster con honores de la Universidad de la Sorbona (Francia).

Joaquín Caprarulo es investigador de doctorado en Derecho Internacional en el Leuven Centre for Global Governance Studies (KU Leuven - Bélgica). Realiza su investigación con el apoyo de una beca MSCA como parte del proyecto “Understanding Latin American Challenges in the 21st Century / LAC-EU”. Sus áreas de interés incluyen el derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos, el trabajo de las organizaciones internacionales y las relaciones LAC-UE. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y posee un LLM de la London School of Economics and Political Science (Reino Unido) como beneficiario de la beca Chevening.

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