Cuidar en sociedades que envejecen: una agenda política compartida entre Europa y América Latina y el Caribe

Hacia una sociedad del cuidado como un problema político, no solo social

I. Transformaciones demográficas recientes en América Latina y Europa (2015–2025)

En 2015, cuando en América Latina hablábamos de cambio demográfico, todavía lo hacíamos desde la comodidad del dividendo demográfico: una región mayoritariamente joven que, al menos en el papel, ofrecía una ventana excepcional para el crecimiento económico y la expansión de los derechos sociales. Diez años después, el paisaje se ha transformado a una velocidad que pocas instituciones estaban preparadas para gestionar. Colombia, que hacia 2015 registraba una Tasa Global de Fecundidad cercana a dos hijos por mujer, ha transitado en tiempo récord hacia niveles propios de países envejecidos. En 2024, los nacimientos cayeron alrededor de un 13,7% frente al año anterior, la mayor reducción de la última década según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). No estamos frente al descenso paulatino que anticipaban los manuales de demografía, sino ante una inflexión abrupta que desborda los modelos lineales con los que solíamos pensar esta transición demográfica.

Esta caída difícilmente puede explicarse desde una sola clave. Intervienen condiciones materiales, transformaciones culturales y también ampliaciones de derechos. Análisis recientes sobre el desplome de la fecundidad en Colombia muestran que lo que está en juego no es solo una decisión privada, sino un cambio en las expectativas de vida de las mujeres y las familias. Este cambio tiene que ver con la ampliación, desigual y fragmentada por clase, territorio y pertenencia étnico-racial, entre otras identidades, del acceso a la educación, al mercado laboral y a la autonomía reproductiva. Pero esos avances chocan con estructuras que dificultan su ejercicio efectivo y que incluyen la ausencia de redes de cuidado, las condiciones económicas y habitacionales, y la persistente desigualdad de género en la organización doméstica, lo que hace que el costo de tener hijos siga recayendo sobre las mujeres. 

El informe The Real Fertility Crisis del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2025) plantea justamente una crisis de agencia, no de deseo; muchas personas quieren tener hijos, pero los postergan o renuncian a tenerlos por razones económicas, laborales y de acceso a servicios de cuidado. Y sumándole una capa de complejidad al asunto, para América Latina la particularidad no está solo en la dirección del cambio, sino en la comprensión temporal, pues en una década hemos concentrado transformaciones que en varias economías europeas tomaron dos o tres generaciones, como documentan análisis comparativos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Al otro lado, Europa ofrece una imagen distinta pero íntimamente conectada con este proceso. Su transición demográfica se consolidó hace décadas y hoy se refleja en una población estructuralmente envejecida. La mediana de edad se acerca a los 45 años y las proyecciones de Eurostat prevén un aumento sostenido de la población de 65 años y más hasta mediados de siglo. En buena parte del continente ya no se discute si habrá envejecimiento, sino cómo sostener, fiscal y socialmente, sociedades en las que la relación entre personas en edad de trabajar y personas mayores se vuelve cada vez más estrecha.

De ahí la paradoja ausente durante años de la agenda política, Europa y América Latina comparten una crisis de cuidado con trayectorias distintas, aunque con convergencias importantes. Europa enfrenta un déficit de cuidadores en contextos de alta longevidad y redes familiares reducidas. América Latina, en cambio, aún cuenta con cohortes relativamente jóvenes, pero esa población está cada vez más vinculada al mercado laboral o migrando, lo que erosiona los arreglos familiares que históricamente absorbieron el trabajo de cuidado. Ninguna de estas trayectorias puede leerse como el espejo invertido de la otra. De hecho, América Latina y el Caribe tienen una agenda propia, fuertemente anclada en el enfoque de derechos y en la desigualdad estructural de género, y no puede pensarse solo como una versión rezagada del recorrido europeo. El resultado común es, sin embargo, un desajuste creciente entre quién necesita cuidado, quién puede proveerlo y qué tan preparados están los Estados para reconocer que el cuidado dejó de ser un asunto privado para convertirse en un problema central de política pública.

II. La arquitectura de la crisis: de familias cuidadoras a sistemas públicos en construcción

En 2022, la Unión Europea adoptó la European Care Strategy, reconociendo que el cuidado ya no puede pensarse solo como un asunto de salud, sino como un eje de sostenibilidad económica y de cohesión social. El giro clave es político e institucional, ya que el cuidado deja de ser concebido como responsabilidad privada de las familias y pasa a definirse como un problema de política pública, sujeto a estándares, regulación y financiamiento estable. El promedio europeo de gasto  en cuidado de larga duración ronda el 1,7% del PIB, con países nórdicos y los Países Bajos superando el 2% y el 3%, mientras que otros, como España, permanecen por debajo del 1%. Europa es, en ese sentido, un laboratorio vivo de lo que ocurre cuando el reconocimiento del cuidado como bien público llega antes que la crisis, puesto que se gana tiempo y se construye institucionalidad, pero la presión demográfica no se detiene, y el cuidado nunca fue estrictamente privado, siempre estuvo organizado políticamente, incluso por omisión estatal.

América Latina entra a esta conversación desde otro ángulo, y en pocas palabras, no por anticipación, sino por choque. La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto que la infraestructura de cuidados en la región es incipiente, fragmentada o simplemente inexistente. Lo que durante décadas se sostuvo sobre el trabajo no remunerado de las mujeres apareció de golpe como un eslabón crítico para la sostenibilidad de la vida y de las economías. En 2022, la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe cristalizó este giro en el Compromiso de Buenos Aires: los gobiernos reconocieron el cuidado como un derecho —el derecho a cuidar, a ser cuidado y a ejercer el autocuidado— y lo situaron explícitamente en el centro de la agenda social y económica. Esta formulación va más allá de la economía del cuidado: propone una sociedad del cuidado basada en derechos y en la reorganización política de quién cuida y en qué condiciones.

A partir de ese punto se produjo una cascada de innovaciones institucionales. En Colombia, el Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU) de Bogotá se convirtió en uno de los primeros esfuerzos integrales para ordenar servicios dispersos bajo el principio de corresponsabilidad. México, por su parte, contempla en el Presupuesto de Egresos 2026 el Anexo Transversal 31 “Consolidación de una sociedad de cuidados”  con recursos equivalentes a cerca del 1,2% del PIB, aunque analistas señalan que corresponden en gran medida a una reclasificación de programas preexistentes más que a nuevo financiamiento. La región ha logrado identificar el problema y empezar a diseñar sistemas, pero la distancia entre el reconocimiento formal y la capacidad efectiva de implementación sigue siendo enorme: déficits en infraestructura, formación de personal y sostenibilidad financiera hacen que el cuidado quepa mejor en los discursos que en la vida cotidiana de quienes cuidan y de quienes necesitan ser cuidados.

III. La cooperación internacional como facilitador (y como frontera) del cambio

Si las transformaciones demográficas conectan a Europa y América Latina, la cooperación internacional ayuda a entender por qué sus agendas de cuidado empiezan a converger. ONU Mujeres ha impulsado hojas de ruta nacionales para sistemas integrales de cuidados, aportando marcos conceptuales —corresponsabilidad, economía del cuidado, autonomía económica de las mujeres— que se traducen en leyes, planes y arreglos institucionales. En el plano birregional, el Pacto por los Cuidados entre la Unión Europea y la CELAC, lanzado en Santa Marta en 2025, es el símbolo más visible de esta convergencia, una declaración política que establece un marco de cooperación para promover la economía del cuidado e intercambiar experiencias entre regiones.

Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) priorizan la economía del cuidado en sus agendas, mediante financiamiento para diagnósticos, estudios de costo o programas piloto, no solo aportan recursos, sino que también definen marcos analíticos y soluciones. En este contexto, el financiamiento internacional actúa de manera dual: habilita a países con restricciones fiscales a experimentar con sistemas de cuidado, desarrollar institucionalidad y generar evidencia empírica; al mismo tiempo, orienta las intervenciones hacia repertorios de políticas alineados con las prioridades de los financiadores. Para América Latina, esto plantea interrogantes sobre su capacidad para adaptar estas agendas de forma autónoma, integrando elementos de su trayectoria histórica en derechos sociales y patrones de desigualdad como desigualdades de género persistentes, brechas regionales y marcos legales preexistentes, en lugar de limitarse a transposiciones de modelos externos. La medida en que logre esta apropiación determinará la sostenibilidad y pertinencia de sus sistemas de cuidado a largo plazo.

IV. La pregunta política sin responder: ¿Quién paga y cómo?

Europa destina en promedio cerca del 1,7% del PIB al cuidado de larga duración, mientras que distintas estimaciones, entre ellas las del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y las proyecciones de CEPAL, sugieren que América Latina requeriría entre el 1,8% y el 2,5% del PIB para construir sistemas universales mínimamente robustos. Esta diferencia no es solo contable, revela que la región parte de una brecha histórica de inversión social y que no podrá improvisar el financiamiento a punta de reasignaciones marginales del gasto.

La pregunta política de fondo no es únicamente cuánto costará la economía del cuidado, sino quién asumirá esa factura y con qué arreglos redistributivos. Las opciones son conocidas, pero políticamente difíciles e incluyen reformas tributarias progresivas, reducción de exenciones regresivas, endeudamiento orientado a la inversión social y contribuciones parafiscales que involucren a los empleadores en la financiación del cuidado. Como sostienen CEPAL y ONU Mujeres en su agenda de fiscalidad para la igualdad, los sistemas tributarios reproducen sesgos de género, regresividad estructural, peso insuficiente de los impuestos directos al patrimonio y la riqueza, y gastos tributarios sin evaluación de impacto, de modo que financiar los cuidados exige mirar simultáneamente el ingreso y el gasto público con perspectiva redistributiva. El Pacto por los Cuidados UE-CELAC abre una ventana para que este financiamiento entre en la agenda birregional, pero como declaración no vinculante no sustituye las decisiones domésticas sobre impuestos, prioridades de gasto y reglas fiscales.

En la práctica, esto implica que los gobiernos tendrán que reescribir tres piezas de su arquitectura fiscal. Primero, los marcos de responsabilidad fiscal deberán dejar de tratar el gasto en cuidados como un costo corriente y reconocerlo como inversión en capital humano y sostenibilidad del sistema de salud. Segundo, las políticas tributarias tendrán que incorporar explícitamente el envejecimiento al revisar subsidios mal focalizados y abrir espacio para impuestos a la riqueza que financien la protección en la vejez. Tercero, la cooperación internacional deberá pasar de proyectos fragmentados a compromisos de cofinanciamiento a largo plazo, en los que los organismos multilaterales asuman parte del riesgo político de expandir la economía del cuidado en sociedades fiscalmente restringidas.

En última instancia, la economía del cuidado obliga a poner sobre la mesa una discusión incómoda pero ineludible. En sociedades que envejecen y tienen menos hijos, ya no es posible sostener la ficción de que el cuidado puede seguir descansando en el tiempo gratuito de las mujeres. Este modelo no solo es insostenible hacia adelante, es estructuralmente injusto en su origen, pues descansó siempre sobre la desigualdad de género y la invisibilización del trabajo reproductivo. Convertir el cuidado en un derecho exigible implica reconocerlo como un bien público que requiere impuestos, reglas y prioridades claras. La pregunta ya no es si los países pueden darse el lujo de invertir entre el 1,8% y el 2,5% del PIB en cuidados, sino si pueden darse el lujo de no hacerlo.

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Ángela Guarín Aristizábal es Profesora Asociada de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Es Doctora en Bienestar Social y Magíster en Trabajo Social por la Universidad de Wisconsin–Madison, y cuenta con títulos en Sociología y Comunicación Social de la Universidad Javeriana, Bogotá. Su investigación se centra en los cambios en las estructuras familiares, las políticas sociales de infancia y familia, los estudios de género, la pobreza y la desigualdad. Sus trabajos recientes analizan los sistemas de cuota alimentaria en Colombia desde una perspectiva comparada, la violencia de género, la protección social y la migración. Sus áreas de especialización incluyen la economía del cuidado, las políticas públicas y el bienestar de las poblaciones vulnerables.

Nixon Daniel Vera García es investigador de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, donde cursa una Maestría en Salud Pública (c) y cuenta con títulos en Economía y en Gobierno y Asuntos Públicos. Sus intereses de investigación abarcan la evaluación de impacto, las políticas públicas, la salud pública, la economía regional y urbana, el conflicto, el desarrollo y la gobernanza colaborativa. Es miembro de la red de investigación Health Protect, una iniciativa financiada por el MRC UKRI y liderada por la London School of Economics, que reúne a investigadores de Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, México y el Reino Unido. Health Protect se centra en comprender cómo la pobreza y la desigualdad afectan la salud en América Latina; mediante la combinación de modelos de microsimulación económica y de salud, el proyecto evalúa el impacto y la costo-efectividad de las políticas de protección social sobre la morbilidad, la mortalidad y las desigualdades en salud.

Las opiniones expresadas en este blog son exclusivamente las del autor y no reflejan las opiniones de la Red EULAS.