¿Crisis, inercia o resiliencia? La situación actual del regionalismo latinoamericano
- María Victoria Alvarez
- hace 26 minutos
- 7 min de lectura
Este artículo es una versión modificada del original publicado originalmente en Latinoamérica21 (L21), una plataforma mediática que reúne a una comunidad diversa de expertos y académicos que ofrecen análisis y comentarios sobre cuestiones políticas, económicas y sociales en América Latina. Puede acceder al texto original aquí
Desde hace años, el término más utilizado para describir el regionalismo latinoamericano es el de “crisis”. Sin embargo, esa categoría ya no alcanza para explicar su situación actual. Hablar de crisis supone, al menos, dos rasgos: una condición excepcional y transitoria, y un sentido de urgencia que anticipa algún tipo de resolución. Ninguna de esas características parece describir ya a los esquemas de integración de la región. Más que atravesar una crisis, el regionalismo latinoamericano parece haberse instalado en una situación prolongada de adaptación, marcada por la fragmentación política y las dificultades para responder colectivamente a los desafíos comunes.
Las formas limitadas y adaptativas de regionalismo que han logrado sostenerse en América Latina no desconocen los esfuerzos —modestos, pero valiosos— por mantener la cooperación en áreas específicas, como los impulsados por el Consenso de Brasilia. Sin embargo, el debate actual requiere dejar atrás la idea de una crisis permanente y centrarse en otro dilema: el que existe entre resiliencia e inercia. Aunque suelen confundirse, se trata de fenómenos distintos. La inercia implica la mera persistencia de las instituciones, sin cambios significativos ni capacidad para incidir sobre los problemas regionales. La resiliencia, en cambio, supone adaptarse a un entorno adverso, preservar capacidades de cooperación y encontrar nuevas formas de acción colectiva. En otras palabras, es algo más que la simple supervivencia.
La experiencia de la Unión Europea ofrece un contraste útil para pensar este dilema. Aunque también ha enfrentado crisis severas —desde la crisis del euro y el Brexit hasta la pandemia y la guerra en Ucrania—, su capacidad de respuesta ha descansado en instituciones con mayores recursos, reglas más vinculantes y mecanismos de decisión relativamente más consolidados. La comparación no implica asumir a la UE como modelo para América Latina, dadas las enormes diferencias históricas, económicas y políticas entre ambos contextos, pero sí permite subrayar un punto central: la resiliencia regional no depende de la mera persistencia de las instituciones, sino de su capacidad para producir decisiones colectivas, sostener compromisos y adaptar sus reglas frente a escenarios adversos.
Lo que hoy emerge en América Latina es un regionalismo adaptativo y resiliente. Aunque estos términos pueden carecer del atractivo de otras etiquetas, describen con mayor precisión la realidad actual: esquemas de integración que, lejos de impulsar proyectos ambiciosos, buscan preservar niveles mínimos de coordinación política y operatividad institucional en un contexto marcado por la fragmentación ideológica, el avance del unilateralismo y la creciente influencia de los alineamientos geopolíticos externos.
El caso del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) resulta particularmente ilustrativo. La reforma del Reglamento Relativo a la Integración, Quórum y Adopción de Decisiones de los Órganos e Instancias regionales del SICA, aprobada en abril de 2026 sin la participación de Nicaragua, fue presentada como una medida destinada a destrabar la parálisis institucional generada por el veto permanente de Managua respecto de la designación del secretario general. El cargo permanecía vacante desde 2023 debido al rechazo de varios países a los candidatos nominados por Nicaragua, estrechamente vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como respuesta a ese conflicto, Nicaragua se retiró temporalmente del SICA en 2024. Sin embargo, el SICA no dejó de funcionar. La cooperación técnica en áreas como por ejemplo salud, agricultura, digitalización o gestión de riesgos continuó operando, lo que muestra que, incluso en escenarios de profunda fragmentación política, los mecanismos funcionales de integración pueden mantenerse activos.
La reforma del reglamento, que flexibiliza las reglas de cuórum y de adopción de decisiones, constituye una innovación significativa en una región tradicionalmente aferrada al consenso y la unanimidad. Pero, más que un avance hacia una integración más profunda expresa una lógica de adaptación institucional orientada a preservar su funcionamiento frente a bloqueos derivados de tensiones entre los Estados miembros. De hecho, la reforma permitió superar el principal obstáculo que había motivado su aprobación. El 10 de junio de 2026, el SICA eligió, nuevamente sin la participación de Nicaragua, a su nueva secretaria general, la costarricense Lina Ajoy Rojas, evidenciando que la flexibilización de las reglas de decisión puede preservar la operatividad institucional aun cuando persistan los desacuerdos políticos.
La situación andina revela otra dimensión del problema: incluso los esquemas regionales con alto grado de institucionalización enfrentan grandes dificultades para hacer cumplir sus propias reglas. Un ejemplo reciente es el conflicto comercial entre Ecuador y Colombia. La Comunidad Andina (CAN) ordenó a ambos países desmontar las medidas arancelarias y restricciones comerciales recíprocas implementadas desde inicios de 2026. Sin embargo, los dos gobiernos impugnaron las resoluciones andinas, prolongando la controversia y manteniendo abierto el litigio dentro del propio sistema subregional. La Secretaría General de la CAN resolvió el 25 de junio rechazar los recursos de Ecuador y ratificar que la Tasa de Seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, así como el cierre del paso fronterizo de San Miguel, vulneraron las normas comunitarias de libre comercio. Si bien Ecuador eliminó la tasa el 1 de junio, el gobierno ha descartado una devolución de los montos cobrados durante su vigencia, reabriendo el debate sobre el alcance y la efectividad de las decisiones del organismo regional.
El episodio demuestra tanto las fortalezas como los límites de la CAN. Por un lado, el organismo contó con los instrumentos necesarios para intervenir y exigir el cumplimiento de la normativa comunitaria. Por otro, la decisión de Ecuador y Colombia de mantener las restricciones comerciales y recurrir las resoluciones andinas puso en evidencia las dificultades de los organismos regionales para disciplinar el comportamiento de los Estados cuando predominan las prioridades nacionales y las tensiones políticas, y hasta personales. Incluso en un ámbito central para la integración, como el libre comercio intrarregional, la capacidad de la institucionalidad andina para garantizar el cumplimiento efectivo de sus decisiones encuentra límites evidentes.
Más aún, el presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a plantear la posibilidad de abandonar la CAN y reorientar las prioridades estratégicas de Colombia hacia otros espacios regionales, particularmente MERCOSUR. Aunque la declaración tuvo un claro componente coyuntural, resulta reveladora de una tendencia tradicional en América Latina: las afinidades y rivalidades entre gobiernos condicionan fuertemente la dinámica de la integración regional.
En este contexto, el reciente triunfo electoral del líder de derecha Abelardo de la Espriella en Colombia podría introducir un escenario de reconfiguración de las relaciones bilaterales con Ecuador. Un eventual alineamiento político e ideológico entre ambos gobiernos abriría la posibilidad de una desactivación gradual de las tensiones comerciales dentro de la CAN, no tanto por la capacidad regulatoria del organismo, sino por variaciones en los liderazgos nacionales y sus orientaciones de política exterior.
Los episodios que señalamos sugieren que el regionalismo latinoamericano atraviesa una etapa distinta. Más que avanzar hacia proyectos ambiciosos de integración profunda, los esquemas regionales buscan preservar capacidades básicas de coordinación, gestionar conflictos y evitar que las diferencias políticas paralicen por completo la cooperación. En ese contexto, la reforma del SICA constituye un ejemplo elocuente de adaptación institucional, al encontrar una vía para superar un bloqueo que amenazaba su funcionamiento y restablecer su capacidad de decisión, aun sin resolver las tensiones políticas que le dieron origen.
La intervención de la CAN frente al conflicto comercial entre Ecuador y Colombia muestra que los esquemas regionales todavía conservan cierta capacidad institucional. Sin embargo, la decisión de ambos gobiernos de impugnar las resoluciones andinas, así como la negativa de Ecuador a devolver los recursos recaudados durante la vigencia de una tasa declarada contraria al libre comercio, también pone de manifiesto los límites usuales: la eficacia de las instituciones regionales sigue dependiendo, en última instancia, de la voluntad política de los gobiernos para acatar las reglas que ellos mismos acordaron.
La cercanía de gobiernos como los de Nayib Bukele, Daniel Noboa o Laura Fernández con la segunda administración de Donald Trump, sumada a tensiones visibles entre liderazgos de signo opuesto —como el enfrentamiento entre Noboa y Petro—, sugiere que esas afinidades políticas también se proyectan sobre el regionalismo latinoamericano. Además de expresar diferencias ideológicas, estos alineamientos dificultan la construcción de consensos regionales y desalientan la cooperación.
En definitiva, tanto la reforma del SICA como la actuación de la CAN apuntan a que el regionalismo latinoamericano contemporáneo no puede seguir entendiéndose en términos de “crisis”. Si cabe una lectura optimista, aunque la región parece haberse alejado —al menos por el momento— de los horizontes más ambiciosos de integración, estos procesos siguen mostrando capacidad de adaptación y resiliencia, adoptando modalidades de cooperación más flexibles y pragmáticas, enfocadas en preservar ciertos niveles de gobernabilidad en contextos políticos fragmentados y polarizados. La cuestión central, por tanto, no es solo su supervivencia, sino si esta resiliencia adaptativa puede convertirse en la base para reconstruir formas más sólidas y efectivas de gobernanza regional.
María Victoria Álvarez es Doctora en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, UNR), Magíster en Integración y Cooperación Internacional (UNR y Katholieke Universiteit Leuven), y posee un posgrado en Derecho de la Unión Europea y Estudios Económicos Europeos (París I Panthéon – Sorbonne). Es Profesora Asociada e Investigadora en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, Cátedra Jean Monnet en la UNR, profesora invitada en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación de Argentina y Directora del Grupo de Estudios sobre la Unión Europea (UNR). Ha sido investigadora visitante en el Jean Monnet EU Centre of Excellence – University of Pittsburgh, Sciences Po – París, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Zúrich y Universidade Federal do Paraná. Sus líneas de investigación se centran en la política y las instituciones de la Unión Europea; el regionalismo latinoamericano, el regionalismo comparado y las relaciones entre la UE y América Latina, y entre la UE y el Mercosur.
Las opiniones expresadas en este blog son exclusivamente del autor y no reflejan los puntos de vista de la Red EULAS.